Frente común contra la violencia doméstica en Mayagüez
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- por mayaguezsabeamango.com
Mayagüez ha puesto en marcha un programa de asistencia a personas a las cuales se les ha expedido una orden de protección, en un intento por prevenir y evitar las muertes y otros estragos físicos, emocionales y sociales provocados por la violencia de género o doméstica en Puerto Rico.
El Municipio Autónomo de Mayagüez y el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez han desarrollado en conjunto un programa que ofrece a las víctimas: orientación profesional legal, patrujalle de vigilancia de la policía municipal en coordinación con la víctima para evitar se violen las órdenes de protección emitidas por un tribunal, asignación de líneas telefónicas para que pueda comunicar cualquier situación que entienda la pone en peligro, apoyo a su núcleo familiar y a canalizar las ayudas necesarias con las agencias federales, estatales, municipales y de organizaciones con y sin fines de lucro, entre otras servicios.
Tanto el Municipio como la Oficina de Administración de los Tribunales admiten “que la fragmentación en la respuesta gubernamental y en los servicios a las posibles víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica crea un impacto devastador en el manejo de estos casos”, por lo que es fundamental asegurar que todos los funcionarios e interventores “conozcan, comprendan, analicen, apliquen y utilicen todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad de las posibles víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica”.
“Durante años, el municipio de Mayagüez ha manifestado su preocupación en torno al problema de la violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo la violencia doméstica, y ha dedicado recursos y esfuerzos dirigidos a desarrollar programas de ayuda que capaciten a sus víctimas para enfrentar el problema, atendiendo no sólo el asunto de la violencia, sino identificando las necesidades que limitan a la persona a superar sus circunstancias”, sostuvo el alcalde José Guillermo Rodríguez en declaraciones escritas.
Las partes también reconocen que la violencia doméstica o de género “es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad”, puesto que tiene un impacto detrimental “en la salud, la seguridad y el desarrollo económico de las víctimas y sus familias y, por consiguiente, en nuestras comunidades”.
Desbocada la violencia doméstica
En Puerto Rico se sabe que la violencia doméstica o violencia de género o machista impacta desproporcionadamente a las mujeres en sus relaciones de pareja, catalogándose como una de las manifestaciones más críticas de los efectos de la discriminación histórica y la inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres.
El más reciente feminicidio de la joven de 27 años Keishla Rodríguez Ortiz, presuntamente asesinada por su compañero consensual, el boxeador Félix Verdejo, quien según las autoridades federales le pegó, la drogó, la lanzó a la laguna San José y le disparó desde el puente Teodoro Moscoso y el de Andrea Ruiz Costas, de 35 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado parcialmente quemado en Cayey, asesinato que confesó su excompañero consensual Ángel Ocasio Santiago, han desatado una nueva ola de repudio y exigencias de acciones concretas a favor de la protección de las mujeres víctimas de violencia machista.
Según las estadísticas de la policía de Puerto Rico, desde el 2007 al 2020, más de 209 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas lo que provocó que en enero de este año el gobierno central decretara un estado de emergencia por la violencia de género y la creación de políticas públicas para prevenirlas.
Según la División de Violencia Doméstica de la Policía de Puerto Rico, más de 5.500 mujeres informaron haber sido víctimas de violencia doméstica durante 2020, aunque los grupos feministas creen que la cifra es mucho mayor.
La oficina de estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico consignó en su informe del nueve de abril, que del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 se habían registrado unos 270 casos de violencia doméstica.
Qué contempla el acuerdo
El acuerdo dispone que una vez se expida la correspondiente orden de protección a la víctima que lo solicita “será responsabilidad de la policía municipal conducir los procesos necesarios y abrir un expediente”, lee textualmente el documento en el que se estipula que ambas partes “se comprometen a proveer otras ayudas mutuas que sean cónsonas, necesarias y disponibles para la ejecución de este acuerdo que incluya, pero que no se limite a proveer orientación al público y desarrollar las actividades afines”.
La participación en dicho programa es voluntaria y toda información que se tenga de las víctimas será estrictamente confidencial y no podrá ser utilizada para ningún fin ajeno a los propósitos del acuerdo firmado.
A pesar de que las estadísticas demuestran que la violencia doméstica afecta marcadamente más a las mujeres, este tipo de violencia se manifiesta en todo tipo de relaciones de pareja y puede afectar a cualquiera de las personas involucradas en la relación, independientemente de su sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio u otras variantes.
El acuerdo con el municipio de Mayagüez se suma a otros programas que OAT ha establecido en otros municipios, entre ellas: las Salas Especializadas en casos de Violencia Doméstica (SEVD), el Proyecto de la Sala Especializada de Violencia de Género en el Centro Judicial de Utuado, los Proyectos de Especialización de los Servicios en Casos de Violencia Doméstica y el Sistema de Órdenes de Protección Automatizadas (OPA). También ha suscrito acuerdos de colaboración con municipios, agencias y organizaciones de servicio.
“Los municipios se han identificado como un componente esencial de la estructura gubernamental que cuentan con el liderato para lograr una mayor participación de sus comunidades en los esfuerzos de prevención, educación e intervención con la violencia de género”, acotó Rodríguez.