Energía fotovoltaica en techos: una mejor opción
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- por mayaguezsabeamango.com
Un modelo de planificación, diseño, construcción y operación del sistema eléctrico de Puerto Rico, en el cual los usuarios dejarían de ser consumidores pasivos para convertirse en protagonistas, es lo que ha propuesto un grupo de investigadores especialistas en energía eléctrica a la Jueza Laura Taylor Swain y a la Junta de Control Fiscal.
“Es importante que en el contexto de la quiebra del gobierno y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se puedan establecer estrategias de revitalización social y económica a largo plazo. Sin visión a largo plazo, se afectarían los servicios esenciales para el pueblo de Puerto Rico, se reduciría la cantidad que se puede destinar para pagar la deuda y se limitaría por más tiempo el acceso a los mercados de inversión de capital”, señaló el colectivo de ingenieros en un comunicado de prensa.
La propuesta
La propuesta contempla, entre otras cosas, que los usuarios se conviertan en productores de energía a través de: generación solar fotovoltaica en techos, comunidades solares y microredes, programas de gerencia de la demanda (demand response) y almacenamiento de energía distribuida.
El modelo de los investigadores de Mayagüez descarta la estructura centralizada actual de los sistemas de generación, transmisión y distribución, así como su dependencia de plantas fósiles grandes.
“Hoy tenemos una infraestructura que fue planificada y construida bajo presunciones de un modelo centralizado. Por lo tanto, es necesario replantearnos qué infraestructura eléctrica necesita Puerto Rico para maximizar el desarrollo económico y social mientras protegemos nuestro ambiente isleño”, explicó el doctor Lionel Orama.
Una revolución energética
Según los ingenieros, al igual que en los años 1930 el ingeniero Antonio Lucchetti propuso interconectar y electrificar a todo Puerto Rico en pro del desarrollo socio económico; ahora hace falta “una revolución de escala similar pero dirigida a usar recursos energéticos distribuidos con un mercado de potencia a nivel de usuarios en la red de distribución”.
Los recursos energéticos distribuidos permiten a usuarios residenciales, comerciales e industriales participar activamente en la satisfacción de sus necesidades energéticas dentro del sistema socio-técnico que es la red eléctrica.
Esto no solo implica generar electricidad renovable, sino también cambiar la forma que se usa la energía eléctrica.
“Si simplemente buscamos otras formas de generar electricidad, pero seguimos comportándonos igual, no alcanzaremos el nivel de madurez que requiere un sistema que maximice los recursos locales”, subrayó el doctor Marcel Castro Sitiriche. “Es vital que cada usuario asuma un uso responsable, razonable y flexible de modo tal que la red eléctrica pueda operarse con un nivel alto de recursos renovables conectados y que el servicio eléctrico tenga el menor costo posible”, añadió.
Los investigadores aseguran que Puerto Rico debió comenzar la transición al modelo distribuido al menos hace 10 años.
“En el 2007, cuando se aprueba la Ley 114 de medición neta, la AEE perdió una oportunidad de reinventarse y facilitar la adquisición de sistemas fotovoltaicos para techos de sus clientes. Estamos en récord diciendo eso en las vistas públicas que se celebraron en 2008. Puerto Rico perdió esa oportunidad, y hoy hay empresas privadas haciendo eso mismo, alquilando sistemas solares en los techos de los ciudadanos,” comentó el doctor Agustín Irizarry, ex representante del interés público en la Junta de Directores de la AEE y profesor en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
Inversión privada, beneficio mutuo
Se trata de la transformación de la infraestructura eléctrica en Puerto Rico. La propuesta contempla “el uso de generadores nuevos, más pequeños, eficientes y de operación flexible”.
“Por décadas el modelo dominante de energía eléctrica ha tenido como base las plantas grandes. Hoy las realidades mundiales son otras, y en Puerto Rico, siendo un sistema aislado que no posee recursos fósiles, la viabilidad de otros modelos ocurre mucho antes que en lugares que cuentan con recursos fósiles,” explicó el doctor Eduardo I. Ortiz Rivera.
Los investigadores entienden que durante el período de transición del sistema actual a uno más distribuido se debe permitir, “el acceso a los sistemas de almacenamiento de energía a todo tipo de cliente”. También será necesario mantener plantas que quemen gas natural.
La misma propuesta dispone que esas plantas gradualmente pasen a ocupar un rol secundario “a fin de maximizar los recursos energéticos locales; y que se usen generadores nuevos, más pequeños, eficientes y de operación flexible, pero localizados en los mismos terrenos donde están ubicadas las plantas existentes, para no impactar lugares nuevos”.
Los ingenieros están convencidos de que mantener el sistema eléctrico existente y “simplemente” trasladar la generación eléctrica al sector privado “no constituye una solución a los problemas energéticos que enfrenta el país”.
“Las colaboraciones con el sector privado tienen que ser de beneficio mutuo, no puede ser solo beneficioso para el inversionista. No hacen falta plantas nuevas en lugares nuevos. Lo mejor para Puerto Rico es usar el espacio en plantas existentes al reemplazar generadores grandes con nuevos generadores más pequeños y flexibles”.
A juicio de los investigadores, ello facilitaría los procesos de permisos, así como la construcción y puesta en marcha de la nueva generación.
“Y más importante, le permitirá a Puerto Rico tener una herramienta de negociación con el sector privado y lograr los mejores acuerdos posibles luego de evaluaciones transparentes de posibles propuestas privadas”, indicó el doctor Efraín O’Neill, ex asesor principal en Asuntos de Energía de la Oficina del Gobernador y Catedrático de Ingeniería Eléctrica del RUM.
De acuerdo a los especialistas, Hawaii, que cuentan con sistemas eléctricos más débiles que el nuestro, tiene como meta lograr 100% de energía limpia para 2045. La meta en Puerto Rico, establecida en el 2010, sigue siendo solo el 20%.
Placas fotovoltaicas en los techos
Los ingenieros anticiparon que el Título V de la Ley PROMESA, “del cual se discute muy poco”, puede causar mucho daño “si los proyectos seleccionados por la Junta dan prioridad a la ganancia del desarrollador, y no al beneficio a Puerto Rico”.
El grupo explicó que aunque es título de la ley PROMESA fomenta la “generación privatizada”, también permite que en lugar de ser plantas nuevas, grandes, basadas en fósiles, sean los techos de usuarios residenciales, comerciales e industriales.
“A 11 centavos por kWh, la energía fotovoltaica en techos es una mejor opción que plantas nuevas grandes. A esos 11 centavos se le sumaría una aportación para mantenimiento de la red y pagar servicios de la misma. Pero aún con ese cargo, cuyo justo valor hay que calcular, el costo estará por debajo de los 20 centavos que pagamos en Julio 2017”, explicaron los especialistas.
Además de presentar su visión a la Jueza Taylor Swain y a la Junta, el colectivo de investigadores insta a todos los usuarios, especialmente a las comunidades, a involucrarse en los procesos que se avecinan, incluyendo periodos de comentario público, y exigir que estas opciones distribuidas, que les benefician directamente, sean prioridad para la Junta de Control Fiscal y las considere “proyectos críticos” según definidos en PROMESA.
La jueza Laura Taylor Swain está a cargo del proceso judicial de quiebra que el gobierno de Ricardo Rosselló estableció para darle una reestructuración a la deuda pública y las finanzas de Puerto Rico.
La Junta Federal de Control Fiscal tiene poderes de gobierno, por encima de la Constitución de Puerto Rico, sus funcionarios electos y con autoridad general para reestructurar la deuda pública. Está compuesta por siete personas nombradas por el presidente de los Estados Unidos.
Los proyectos energéticos seleccionados “no pueden ser impedimento sino complemento” para lograr una generación distribuida basada en paneles fotovoltaicos en techos.