Quemar carbón nos cuesta demasiado… mucho más de lo que pagamos en la factura de energía eléctrica
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- por Julia S. Mignucci Sánchez *
Es un hecho que quemar carbón mineral en Puerto Rico y en cualquier lugar del Planeta, para generar electricidad, nos cuesta demasiado a todos. No importa en qué lugar de Puerto Rico usted resida, lea su factura y verá que usted está pagando el costo de quemar carbón para generar electricidad.
Pero no piense que lo que le cuesta es sólo lo que aparece identificado en la factura como compra de energía. Tampoco se crea que está todo incluido cuando se habla del costo del combustible en el mercado. Ni tampoco es cierto que sale más barato quemar carbón versus los otros combustibles. Hay altos costos característicos de la quema del carbón que los pagan los ciudadanos y que no están reflejados en la factura. Tampoco esos costos escondidos revierten a quien causa los costos.
Economistas como el Dr. Edwin Irizarry Mora, entre otros, nos indican que hay costos invisibles (externalidades o ‘externalities’) que pasan inadvertidos a la mayoría de los ciudadanos (Irizarry Mora, E. Fuentes energéticas, luchas comunitarias y medioambiente en Puerto Rico, Editorial de la UPR, 2013).
Quien paga el costo real no es ni el productor, ni el generador de la contaminación, ni necesariamente el intermediario, que en el caso que nos ocupa, compra la energía para distribuirla. Esos costos adicionales se transfieren a los consumidores.
Esto incluye entre otros, emisión de gases que causan calentamiento global, daño por contaminación a bienes públicos, degradación de recursos naturales como bosques, hábitat costeros, suelos para la agricultura, cuerpos de agua y acuíferos, impactos a su infraestructura, incluyendo las carreteras y cuerpos de agua por donde se hace el acarreo de carbón y de sus desechos (cenizas) producto de la combustión. Inclusive la reducción en eficiencia en paneles solares debido a la deposición de polvo de cenizas.
En Europa, debido a la degradación al ambiente y de los recursos naturales y por el impacto a la salud humana, el cierre de generatrices que queman carbón ha ido en aumento. Esa es también la tendencia en Estados Unidos.
En Puerto Rico la contaminación aérea se esparce por pueblos de la costa y de la montaña que reciben las emisiones desde las chimeneas de la planta de carbón Applied Energy Systems (AES) en Guayama, debido a las brisas marinas y a los vientos alisios. Esto resulta en un aumento en gastos médicos y en medicinas, y en baja calidad de vida al exponerse a las emanaciones de gases contaminantes, al particulado súper fino (2.5 micras) y al polvo fugitivo que también compromete las vías respiratorias o causan cáncer, además de la pérdida de empleo.
Estos son algunos ejemplos de los costos sociales en que incurren los ciudadanos por encima de lo que se paga en la factura. En Estados Unidos se estima entre $100,000 millones a $300,000 millones anuales en gastos médicos y por pérdidas de empleo como resultado de la contaminación por la quema de carbón. Este precio lo pagan los ciudadanos y no las empresas generadoras de tal contaminación (James Conca, Nov 5, 2015, Forbes, Choking Our Health Care System With Coal). Es un hecho que de los combustibles fósiles, el carbón es el más contaminante, seguido del petróleo y luego el gas natural.
El matrimonio contractual entre AES, la empresa que quema carbón mineral en Guayama, y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que le compra la energía, resulta en otros costos al consumidor y al contribuyente de PR. Están asociados con la manera en que se negoció el contrato de compraventa de energía entre esa generatriz y la AEE. Se suma a ello los múltiples beneficios económicos y exenciones que se le proveyeron a AES por parte del gobierno bajo la administración del Dr. Pedro Rosselló González, y más recientemente con modificaciones al contrato por parte de la administración del Lcdo. Alejandro García Padilla y el director de la AEE, el ingeniero Javier Quintana. Un negocio redondo, altamente lucrativo y atractivo para la AES pero no así para el pueblo.
AES no tiene que competir con otras generatrices para vender su energía ni tampoco tiene que ajustarse a los precios fluctuantes del combustible en el mercado, porque estos serán absorbidos por su cliente cautivo, la AEE, que le tiene asegurada la compra de la energía a un precio acordado previamente. La AEE distribuye la energía que compra a la AES y transfiere el costo a todos los abonados en Puerto Rico. El contrato de compraventa está asegurado hasta el 2027.
Otros costos al consumidor están vinculados a los daños asociados a las violaciones al contrato en que ha incurrido la AES cuando provocó la contaminación al proveer y hasta regalar toneladas de cenizas que se esparcieron por vecindarios, fincas agrícolas y en la construcción de urbanizaciones y caminos, principalmente por el área sur del país.
Para empeorar la situación la AES ha acumulado miles de toneladas de cenizas formando dos montañas en los predios de sus instalaciones en Guayama sin la protección requerida por ley de control de las cenizas fugitivas y del lixiviado y aguas de escorrentías contaminadas que se crean después de cada evento de lluvia.
AES, en efecto, ha creado un vertedero de desperdicios sólidos cuya disposición ha obviado la reglamentación nacional y federal, al no llevar a cabo las protecciones adecuadas requeridas por ley.
Cuando las agencias nacionales y federales no intervienen, ni multan, ni hacen cumplir las leyes y reglamentos ante las violaciones de esta empresa, tal negligencia institucional le añade otros costos al erario y al pueblo. Esto abona a la impunidad y deja al ciudadano desprovisto de protecciones. También cancela e incumple lo acordado dentro de los procesos regulatorios y reglamentarios que condujeron a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) requerida para que AES pudiera hacer negocios en Puerto Rico.
El otro costo que se transfiere a la ciudadanía y al erario es, acortarle la vida útil a los vertederos. Recientemente se ha entronizado otra modalidad cuando el gobierno central hace suyos asuntos que le compete resolver a esta compañía privada para disponer de las miles de toneladas de cenizas que genera en sus operaciones, y de la inversión desmesurada en escolta y protección policiaca, cuyos costos se pagan con el dinero del pueblo. El pago de salarios de personal de la Fortaleza, de legisladores y de otros empleados públicos que llevan a cabo gestiones para favorecer a la AES, en vez de atender la salud y seguridad del pueblo, también nos cuesta.
A la lista parcial de los costos que he descrito hay que añadirle un factor multiplicador incalculable asociado a la pérdida de la confianza en los empleados públicos, funcionarios electos y las instituciones. El balance entre los costos y los beneficios demuestra que del negocio entre AES y la AEE resulta en un gran perdedor: Puerto Rico.
* La Dra. Julia S. Mignucci Sánchez, Bióloga y Fitopatóloga ejerció por 31 años como Catedrática e Investigadora en el Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Fundó la organización Mayagüezanos Por la Salud y El Ambiente que, junto a otras organizaciones, evitó la instalación de COGENTRIX, una planta que generaría electricidad quemando carbón en Mayagüez.