La historia de nuestras controversias energéticas - 3

Detalles

por José Anazagasty Rodríguez

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, leal a su antigua alianza con actores corporativos y financieros, inicialmente apoyó y abogó a favor de la construcción de la planta carbonera Cogentrix-Endesa en Mayagüez. En términos económicos, la planta representaba para el ELA, administrado entonces por el Partido Popular Democrático (PPD), un estímulo importante para el crecimiento económico de Puerto Rico.

La posición del gobierno no era distinta a la de los carboneros que discutí en la primera parte de esta trilogía. El ELA, como aquellos carboneros, insistió en los beneficios que la construcción de la planta representaba para la economía del país. La planta, que significaba una reducción en la dependencia del petróleo y la diversificación de las fuentes de energía, debía redundar en el progreso económico de Puerto Rico. Además, la planta ayudaría a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a manejar aumentos proyectados en la demanda y el consumo de energía. Asimismo, comprar energía a empresas como Cogentrix-Endesa redundaba en ahorros que ayudarían a la AEE en el manejo de la deuda pública. En adición, la construcción de la planta reduciría la necesidad de que la AEE invirtiera en infraestructura y minimizaba costos de operación y mantenimiento. También ayudaría a la aceleración de los programas para mejoras en el capital de la agencia. Finalmente, una generación más eficiente de energía significaba menos costos.

Aparte de las consideraciones económicas, ciertos reparos estatutarios determinaron el apoyo inicial del ELA a la planta carbonera. La construcción de la planta carbonera ayudaría a la AEE a cumplir con las regulaciones y estatutos federales, particularmente aquellas que exigían la diversificación de las fuentes de energía sin que esto comprometiera demasiado la calidad del ambiente. Específicamente, la construcción de la planta ayudaría a la AEE, y por ende al ELA, a cumplir con los estatutos del Public Utilities Regulatory Policies Act (PURPA) y los del National Act of Air Quality Standards (NAAQS). La primera, convertida en ley en 1978 y parte importante del National Energy Act, favorecía el uso de fuentes domesticas de energía. Exigía a las agencias públicas que producían y vendían electricidad, como la AEE, a comprar electricidad a productores más eficientes y eco-amigables. De hecho, aquella acta promovía el uso de cogeneradoras de electricidad y vapor, como la de Cogentrix-Endesa. Por su parte, NAAQS, ligada al Clean Air Act, enmendado en 1990, requería a la Environmental Protection Agency (EPA) establecer estándares sobre la calidad del aire y controlar así la contaminación y la introducción de contaminantes peligrosos al ambiente. La AEE no cumplía con aquellos estándares y EPA la presionaban para que cumpliera con ellos mediante multas. La AEE ya acumulaba una deuda en multas bastante alta. De ahí que el ELA apoyara la planta Cogentrix –Endesa, una cogeneradora de vapor y electricidad cuya tecnología verde era, alegaba el Estado, cónsona a los estatutos federales con respecto a ala energía y el ambiente.

El giro del ELA, de favorecedor de la planta Cogentrix-Endesa a mediador del conflicto entre el capital y la sociedad civil, apunta hacia el carácter contradictorio y turbio del Estado moderno. Una de las funciones más importantes del Estado moderno, incluyendo el ELA, es facilitar la expansión de la acumulación de capital y el crecimiento económico. Pero debe hacerlo mediando los conflictos sobre el acceso y distribución de recursos entre varios constituyentes. Puesto de otra forma, el Estado es ambas cosas, facilitador de la acumulación de capital y legitimador social de la estructura socio-económica de la ciudadanía (Gould, Schnaiberg & Weinberg 1996; O’Çonnor 1973, 1988). Cumplir con ambas funciones envuelve diversas y complejas tensiones y contradicciones.

La dualidad del ELA, la misma de todos los Estados modernos, lo convierte en un ente profundamente paradójico. Su dualidad contradictoria es aparente en su manejo de los asuntos energéticos y los conflictos referentes a la planta carbonera. Por un lado, en su rol como motor del crecimiento económico, el ELA debía garantizar acceso a fuentes de energía baratas. Una disminución en costos energéticos facilitaba, desde la perspectiva estatal y del capital, el crecimiento económico. Inicialmente, y presuponiendo la ausencia de una oposición civil bien organizada, el ELA se aferró a su rol como motor de la acumulación de capital, promoviendo la construcción de la planta carbonera. Así, el ELA, en su rol como motor del crecimiento económico y la acumulación de capital, debía garantizar acceso a energía barata y disminuir la dependencia en el petróleo mediante la diversificación de las fuentes de energía. De ahí, su apoyo inicial a la planta Cogentrix-Endesa.

Pero, el ELA no pudo ignorar su rol como intermediario por mucho tiempo. El ELA, como árbitro en los conflictos sociales y ambientales del país, debía garantizar el valor de uso de los recursos naturales y la calidad de vida de sus ciudadanos. Las políticas energéticas, si procuraban cumplir con esta última función del Estado, debían salvaguardar la calidad de vida de sus ciudadanos, lo que implica proteger el ambiente. De no hacerlo el Estado perdería legitimidad ante sus ciudadanos. Es precisamente por ello que el ELA, al favorecer la planta carbonera a pesar de los reclamos ambientalistas, perdió legitimidad ante la sociedad civil puertorriqueña. En un intento por superar aquella crisis de legitimidad, y con un proceso eleccionario cercano, el ELA se inclinó por su rol de intermediario en vez de su rol como motor de crecimiento económico y acumulación de capital. Ante la creciente oposición a la planta carbonera el ELA no pudo sino responder a los reclamos ciudadanos para la protección de la salud y el ambiente.

 El giro estatal fue atípico, raro. Su peculiaridad se debe en gran medida a otra relativa singularidad, el éxito de la oposición, que esta logara detener la construcción de plantas carboneras. Como concluyera la colega y amiga sociólogo Marta M. Maldonado (2000), el resultado de aquella lucha, y debo añadir de algunas luchas anteriores en otras comunidades puertorriqueñas, fue atípico. Esto porque, como explicara Maldonado (2000:34):

Typically, during most projects of technological development, the symbolic efficacy of local peoples is very limited, and most community concerns are often disregarded. Frequently, there is the illusion of a participatory process in which local peoples are “invited” to provide input and voice their opinion on particular initiatives. However, the actual potential to participate in the formal processes of public discussion, and the potential to affect decision-making are often slim. Technical experts, and economic and political elites tend to be the ultimate decision-makers and most proposed projects materialize despite local opposition.

  Ese no fue el caso de la lucha contra la planta Cogentrix-Endesa. La eficacia simbólica de la oposición fue significativa. Su ¡No al Carbón! fue categórico y decisivo. Su ¡No al Carbón! le abrió espacio para participar de procesos formales en la toma de decisiones. Los expertos, el ELA y la elite no pudieron callar el ¡No al Carbón!

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Publicado en: 80grados.net